La iniciativa, ingresada hace ya 5 años, perfecciona la normativa sobre Acceso a la Información Pública, incorporando a órganos autónomos constitucionales a las obligaciones de transparencia como la Cámara de Diputados, el Senado, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones, la Contraloría General de la República y el Banco Central.
Asimismo, según explicó Kast, “amplía las obligaciones de transparencia activa a personas jurídicas sin fines de lucro que reciban transferencias de fondos públicos por una cantidad igual o superior a 1.500 UTM en el año, lo que a todas luces, permitirá tener un mayor control fiscalizador en beneficio de la modernización del Estado”.
“ Así como el caso Mop-Gate representó una oportunidad para terminar en su momento con las malas prácticas al interior de los organismos públicos, hoy a propósito de estos convenios truchos, existe la posibilidad de limpiar el Estado de operadores políticos, tráfico de influencias y amiguismos, que tanto daño le están haciendo a la democracia al utilizar los recursos públicos de los chilenos para su beneficio propio”, agregó el legislador.
A juicio del parlamentario, “es imprescindible que, junto con despejar la participación de autoridades de Gobierno en estos verdaderos esquemas defraudadores que hemos conocido a lo largo de todo Chile, el Ejecutivo se comprometa con fortalecer los estándares de probidad para impedir contaminar a fundaciones que sí hacen bien la pega y que sí colaboran en la tarea de mejorar la calidad de vida de los más vulnerables, de lo contrario, seguirán pagando justos por pecadores”.
Por último, Kast agradeció la disposición del ministro Elizalde, asegurando que “se comprometió a ponerle urgencia a la tramitación de este proyecto”.
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