Una creciente controversia política y social se instaló en La Araucanía tras los recientes atentados incendiarios y la ocurrencia de incendios forestales en la región, en un periodo considerado de alto riesgo y posterior a meses de preparación por parte de los distintos organismos encargados de enfrentar la temporada estival. Desde la oposición acusan un “silencio del Gobierno” frente a una crisis que, aseguran, se profundiza sin respuestas claras ni oportunas.
Las críticas apuntan, en primer término, a la ausencia de pronunciamientos públicos de las autoridades tras el atentado registrado esta semana en el sector Peleco de la comuna de Nueva Imperial, hecho que derivó en un incendio forestal y obligó a decretar alerta roja por el riesgo a viviendas cercanas.
A ello se suma un cambio en la forma en que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha difundido la información sobre alertas en La Araucanía. Según se observó en su sitio web y redes sociales oficiales, el organismo eliminó el detalle específico de la alerta roja decretada en la comuna y de su posterior cancelación, manteniendo únicamente información general, a diferencia de lo ocurrido en otras regiones del país, donde los antecedentes completos sí permanecen disponibles.
Esta situación contrasta además con el propio historial informativo de Senapred, que anteriormente incluía los datos detallados de alertas regionales para La Araucanía en su plataforma pública.
Pese a la ausencia de información desagregada durante los últimos días, Senapred declaró durante la tarde de este martes Alerta Temprana Preventiva Regional por amenaza de incendios forestales, decisión adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional y basada en antecedentes técnicos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
De acuerdo con el Departamento de Protección contra Incendios Forestales de Conaf, existen “condiciones meteorológicas favorables para la propagación de incendios forestales”, además de zonas de alto riesgo identificadas mediante la herramienta “Botón Rojo”, especialmente en sectores de valle y cordillera.
A este escenario se suma el Aviso Meteorológico A501 de la Dirección Meteorológica de Chile, que pronostica altas temperaturas entre el domingo 28 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026, principalmente en las comunas de Renaico, Angol, Purén, Los Sauces, Lumaco y Traiguén. La declaración de la alerta implica un reforzamiento de la vigilancia, el monitoreo riguroso de las condiciones de riesgo y la activación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
Desde el Congreso, el diputado Henry Leal (UDI) cuestionó en entrevista con Cooperativa la reacción del Ejecutivo y sostuvo que en las últimas semanas se ha evidenciado un aumento de atentados en la Macrozona Sur, particularmente en La Araucanía, sin una respuesta clara por parte de las autoridades. A su juicio, el Ejecutivo “está administrando un problema que fue incapaz de resolver”.
En la misma línea, el diputado Miguel Mellado (RN) afirmó que la región se encuentra “abandonada” y criticó que el Gobierno no se haya referido públicamente ni al ataque incendiario ocurrido en Nueva Imperial ni al incendio forestal posterior, pese a la gravedad del hecho y a la declaración de alerta roja en la comuna.
Las preocupaciones también se extienden al mundo agrícola. El presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Navellán, manifestó su inquietud por la alta intencionalidad de los incendios forestales en la zona, señalando que durante la temporada pasada el 57% de los siniestros investigados en la provincia fueron provocados. Agregó que en lo que va de la actual temporada ya se registra un aumento cercano al 30% en la ocurrencia de incendios.
Desde el gremio advirtieron que el escenario podría agravarse durante los meses de enero y febrero, periodo que concentra la mayor cantidad de emergencias, especialmente considerando las altas temperaturas pronosticadas y la condición de sequedad de la vegetación en la región, reabriendo el debate sobre la capacidad de respuesta del Estado frente a una amenaza que se repite año a año en La Araucanía.
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