Recientemente se ha mencionado una nueva crisis que envuelve al sistema de educación público. Esta vez es la falta de matrículas para cerca de tres mil estudiantes, lo que ha sido denunciado por diversos apoderados del país. Los factores que afectan esta situación en estos momentos son diversos. Por una parte, no ha habido un crecimiento de establecimientos educacionales en zonas críticas. Las razones de estas escasez en el crecimiento de escuelas también son diversas, aunque puedan relacionarse, según algunas fuentes, con decisiones gubernamentales de regular la aparición de colegios subvencionados (administración Bachelet), tal vez unida a la necesidad de sacar al sistema educativo de la lógica empresarial o de negocio.
También es preciso considerar la situación de los inmigrantes, que, en este caso, según algunos datos, bordea alrededor de 150 mil solicitudes de Identificador Provisorio Escolar (IPE). Este crecimiento probablemente nunca fue sopesado adecuadamente como variable relevante que afectaría la capacidad de los colegios de acoger todas la solicitudes de matrícula. Si bien es cierto hay cupos en determinados colegios, no resultan atractivos para los padres y apoderados, ya sea por el contexto en que están ubicados, o la calidad de los procesos que se desarrollan, o la calidad de infraestructura o algún otro elemento que finalmente impacta en la decisión de los apoderados.
Las soluciones no son sencillas, pero en lo inmediato debiera comenzarse por levantar un catastro fidedigno que refleje la realidad que se esconde tras las cifras. Otro punto comprometido en la posible solución pasa por flexibilizar la propuesta de espacios escolares, considerando la posibilidad de respaldar escuelas abiertas en los puntos específicos en que se requiera cubrir la mayor demanda de matrícula. Pero estas soluciones son solamente parches o soluciones a corto plazo.
Soluciones a largo plazo deben considerar cambios profundos en las políticas del sistema de admisión escolar, regulando de manera eficiente el acceso, privilegiando la cercanía geográfica. También se requiere incrementar de manera racional la cantidad de establecimientos educacionales ya sea públicos o subvencionados, que tengan una propuesta educativa de calidad y atractiva para padres y apoderados, y que estén en enclaves geográficos de mayor necesidad y demanda.
Otros puntos a considerar se relacionan con la levantar las trabas administrativas que agobian a colegios al momento de proponer mejoras o ampliaciones, el resguardo de la probidad y la ética en procesos de esta naturaleza y la participación y supervisión consciente y comprometida de la comunidad educativa en su propio desarrollo y crecimiento.
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