Marcela Castro Armijo, seremi de Educación señaló que «este proyecto de ley viene a robustecer esta política de convivencia educativa. Tiene que ver, por ejemplo, con que va a legislar que cada 8 años se puedan revisar las políticas entendiendo que las situaciones son dinámicas al interior de las comunidades educativas, pero también viene a reforzar que todos somos responsables de su fomento tanto el Estado como las familias».
Por su parte, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Mariela Huillipan sostuvo que “como Ministerio tenemos dos roles: uno que es velar por los derechos de la infancia y adolescencia y a través de la Subsecretaría de la Niñez supervisar que todas las instituciones tanto públicas como privadas cumplan con el mandato legal que se nos ha entregado que es resguardar y evitar que se vulneren derechos y que niños, niñas y adolescentes tengan que verse expuestos en Tribunales. Esta política, así como el proyecto de ley, vienen a dar respuesta a las problemáticas que hemos enfrentado como sociedad, pues las comunidades educativas tienen un rol pero también como sociedad civil en general, las familias, tenemos deberes preventivos”.
En la oportunidad las autoridades regionales acordaron abordar intersectorial e integralmente los desafíos que hoy impone la salud mental y la convivencia al interior de los establecimientos educacionales a partir de la primera infancia, y mantener una relación fluida con el sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, que lidera la cartera de Desarrollo Social y Familia.
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