Este jueves 2 de enero, el diputado Mauricio Ojeda (exRepublicanos) enfrentará una formalización por presunta corrupción en la arista “Manicure” del Caso Convenios. La audiencia, que tendrá lugar en el Juzgado de Garantía de Temuco a las 9:00 horas, marca un hito en la investigación liderada por el Ministerio Público.
Acusaciones en Contra del Diputado
Ojeda, actualmente desaforado, es acusado de fraude al fisco reiterado, cohecho, soborno y lavado de activos. Según la Fiscalía, el parlamentario habría desviado $730 millones del Gobierno Regional de La Araucanía hacia las fundaciones Folab y Educc, presuntamente vinculadas a personas de su entorno.
Estos fondos estaban destinados a programas de capacitación para mujeres en peluquería y manicure, servicios que, de acuerdo con los antecedentes, nunca se concretaron.
La formalización de Ojeda se postergó en varias ocasiones, la más reciente el 25 de noviembre pasado, tras la renuncia de su abogado, Carlos Tenorio. Antes de la audiencia, el diputado manifestó su intención de colaborar con la justicia, explicando que el retraso fue solicitado para que su nueva defensa revisara los antecedentes del caso.
La Fiscalía ha criticado las postergaciones del proceso, calificándolas como un “privilegio” que no ha sido concedido a otros imputados en esta investigación. El fiscal adjunto Carlos Cornejo Martínez destacó la gravedad de los delitos, enfatizando que los hechos vulneran el principio de probidad administrativa y afectan directamente el bienestar de la región.
Otros implicados y penas solicitadas
En el marco del mismo caso, la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía también presentó cargos contra otros imputados relacionados al caso. Entre ellos figuran Rinet del Pilar Ortiz Rivera y Juvenal Eduardo Ortiz Rivera, miembros directivos de las fundaciones implicadas; Susan Claudia Alarcón Rubilar, jefa de División de Fomento e Industria; y Juan Pablo Leonelli Lepín, ex jefe de gabinete del gobernador regional. Estas personas habrían participado activamente en el desvío de fondos mediante proyectos con serias irregularidades.
La Fiscalía solicita penas que van desde los 15 años de prisión, multas significativas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, ha presentado una amplia lista de pruebas documentales y testigos, que incluyen a funcionarios públicos y expertos técnicos.
Impacto Social y Regional
La investigación ha expuesto una supuesta red de corrupción que, según la Fiscalía, operó aprovechando posiciones de poder y conexiones políticas para obtener financiamiento ilícito. Los recursos desviados estaban destinados a mejorar las oportunidades laborales de mujeres en La Araucanía, un sector vulnerable que no recibió los beneficios prometidos.
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