El Gobierno partió el 13 de agosto una consulta al pueblo mapuche sobre un “nuevo sistema de tierras”. El objetivo de consultar es totalmente legítimo y necesario; el problema es el tema, el cómo y el cuándo. Con rechazos explícitos desde territorios mapuche y dudas metodológicas de fondo, el insistir en éste proceso fallido solo acrecentará la crisis de dialogo que existe con el pueblo mapuche y las primeras naciones de Chile.
La propuesta nace de la Comisión para la Paz y el Entendimiento: crear una nueva institucionalidad de reparación —con una Agencia de Reparación y mecanismos arbitrales— y movilizar recursos por alrededor de US$ 4.000 millones para cerrar, en un horizonte de 10 a 15 años, la deuda de restitución. La hoja de ruta existe; la pregunta es: ¿Por qué? realizar la consulta en éste periodo (eleccionario), sin difusión del informe de la comisión, sin explicitar la metodología del proceso de consulta y por que sólo en esa arista y no de otras propuestas realizadas por la comisión? ¿el proceso diseñado para validarla respeta el estándar de consulta previa, libre, informada y de buena fe del Convenio 169 de la OIT y si se conduce con tiempos, reglas y garantes capaces de reconstruir confianzas rotas? Hoy, éste proceso sólo profundiza la crisis de dialogo y desconfianzas.
En la Fütawillimapu, la Junta General de Caciques de Osorno expresó su rechazo formal al nuevo sistema y a la consulta, señalándola como “dañina” y “de mala fe”, además de exigir su retiro. En Río Negro, comunidades williche reforzaron ese llamado. En Chiloé (Quinchao) y otros territorios williche, comunicados públicos reiteran que el proceso no cumple con los estándares de consulta ni resguarda derechos ya adquiridos por la Ley Indígena. Además de los diversos rechazos en todos los diálogos realizados en la región de La Araucanía. Esto no es un desacuerdo de matiz: es un quiebre de legitimidad. Persistir sin cambios profundos convierte la metodología en el talón de Aquiles de una política necesaria.
Desde el Ejecutivo se ha explicado que no se busca reformar ni derogar la Ley 19.253, sino crear una normativa especial para el pueblo mapuche en cuatro regiones (Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos), con comités de gobernanza regional para “cuidar” la participación. La coordinación recae en la Unidad de Seguimiento de la Comisión, CONADI y las delegaciones presidenciales, a través de asesores y funcionarios del plan buen vivir. Hasta ahora, la señal predominante es continuar; incluso tras reconocer problemas en el arranque, la autoridad ha descartado suspender el proceso, abriéndose solo a ajustes. El mensaje que llega a territorio es claro: la máquina sigue andando.
El análisis independiente ha puesto el dedo en la llaga: CIPER describió “un problema de fondo y uno de forma”. De fondo, porque lo que se consulta no es un detalle técnico, sino un rediseño del sistema de tierras con efectos directos en derechos y trayectorias comunitarias. Además de poner de lado todo el conjunto de propuestas que elaboró la comisión, enfocándose en el tema más polémico que es el item tierras. De forma, porque la metodología, el calendario y las garantías de devolución y trazabilidad de observaciones no despejan la sombra de una consulta instrumental —más cercana a validar una decisión que a construir un acuerdo. En consulta indígena, las formas son el contenido.
No se trata solo de comunicados territoriales. La consejera nacional mapuche ante CONADI, Ana Llao, ha llamado a rechazar la consulta, advirtiendo que lo propuesto desarma el espíritu del Fondo de Tierras. Otros referentes —académicos, dirigentes y autoridades tradicionales, como la werken Gloria Cayupi— comparten reparos por la falta de garantías y por el riesgo de abrir la puerta a una “normalización” de cambios sensibles sin consentimiento robusto. Ignorar estas voces —que son parte de la institucionalidad indígena y de la historia del movimiento mapuche— empuja la narrativa de que la consulta busca validar decisiones ya tomadas.
En la consulta indígena, el tiempo y la forma son política en estado puro. Lanzar el proceso en agosto, con un itinerario intenso de jornadas en La Araucanía y Los Ríos, cruzado por un clima electoral, eleva el escepticismo sobre si el Gobierno privilegia la celeridad por sobre la calidad deliberativa. La propia planificación oficial —con fechas, comunas y horarios— reforzó la lectura de una maquinaria que debía “cumplir con el hito”, más que tejer confianza. Esa es una mala señal para cualquier política que aspira a durar más que un período presidencial, ya que política de las primeras naciones debe ser una política de Estado.
Persistir en “modo ejecución” con rechazo explícito desde territorios y déficits metodológicos declarados es, en el mejor de los casos, ineficiente; en el peor, contraproducente. Se puede terminar con actas y fotos, pero con menos legitimidad que al inicio. En política pública, la prisa mal encauzada sale cara: lo que hoy se “avanza” a la fuerza, mañana se judicializa, se desconoce o simplemente se desobedece en el territorio. Y una institucionalidad que nazca disputada —aunque tenga buenas ideas— queda herida de nacimiento. Esto le está sucediendo al informe de la Comisión, que a pesar de sus críticas, tanto desde el pueblo mapuche, hasta diversos sectores políticos, se comprende como el diagnostico más actualizado de la situación en la macro zona y el conflicto del estado-pueblo mapuche.
Hay una salida más sensata que seguir a toda costa:
· Pausa técnica con fecha y objetivos: no un congelamiento indefinido, sino un alto para acordar reglas del juego con autoridades tradicionales (lonkos, werkenes), organizaciones territoriales, consejeros indígenas y expertos. El resultado debe ser un protocolo de metodología, información previa, facilitación, traducción, devolución de observaciones y trazabilidad de cambios al texto.
· Base jurídica transparente: clarificar qué medidas legislativas concretas se pretenden someter a consulta (agencia, arbitraje, apoyos técnico-jurídicos) y su hoja de ruta en el Congreso, antes de deliberar en territorio. Si la consulta es sobre “medidas legislativas”, entonces la ciudadanía indígena debe conocer el esqueleto normativo con antelación.
· Garantes externos: universidades regionales, iglesias, centros de investigación y organismos internacionales como la OIT pueden oficiar como observadores. La legitimidad no se decreta: se garantiza con terceros confiables.
· Indicadores de legitimidad: no basta contar asistentes. Hace falta medir participación efectiva (diversidad territorial, representatividad), calidad del diálogo (tiempos razonables, materiales pertinentes, traducción), y impacto (qué cambió en el documento tras las observaciones). Publicar esos indicadores debiera ser condición de avance.
· Informe de la Comisión: se debiera haber partido por consultar sobre la aprobación del informe de la Comisión y sus propuestas, para luego determinar una hoja de ruta de prioridades a consultar o avanzar en relación al diagnostico realizado, para posteriormente determinar acciones y procesos de planificación y gestión de propuestas.
Un objetivo que vale la pena y es histórico Chile, no puede hipotecarse por porfía.
Resolver la cuestión de tierras requiere una política que resista el tiempo: 10 a 15 años de implementación, con miles de decisiones administrativas y judiciales. Para eso, se necesita legitimidad social y territorial de origen. La Comisión dejó un insumo valioso; el Gobierno tiene la responsabilidad de cuidarlo. Hoy, lo cuida más pausando y corrigiendo que cosechando actas. Una consulta “de buena fe” no es un trámite: es el cimiento del edificio. Y un edificio mal cimentado, tarde o temprano, se viene abajo.
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