En la actividad estuvieron presentes el seremi del Trabajo y Previsión Social, Edison Sanhueza Jéldrez; la administradora regional de la Dicrep, Luisa Huenchul Huircapán; y la directora regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Ruth Arévalo Macías, además de funcionarios de Carabineros de la 2ª Comisaría, quienes colaboraron en el operativo.
La administradora de la Dicrep, Luisa Huenchul, explicó que “iniciamos el proceso de vaciado y destrucción de todos los alcoholes decomisados desde el año 2013, en cumplimiento de la Ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Según el certificado entregado por el SAG, ninguno de estos productos es apto para el consumo humano, por lo que corresponde eliminarlos de manera segura. Los líquidos fueron trasladados a planta de Aguas Araucanía y todos los envases –plásticos, vidrio y latas– ingresaron a procesos de reciclaje”.
Huenchul añadió que el riesgo sanitario asociado al comercio clandestino hizo inviable cualquier alternativa distinta a la destrucción: “los alcoholes vendidos sin patente municipal, en condiciones no reguladas, pueden incluso ser manipulados o adulterados. Por eso el SAG determinó su eliminación total”.
El seremi del Trabajo y Previsión Social, Edison Sanhueza, destacó que este procedimiento marca un hito para la región: “Estamos cerrando un proceso de más de diez años de almacenamiento, cumpliendo estrictamente el mandato que establece la ley. Hoy damos una señal clara de gestión y responsabilidad institucional: las normas existen para cumplirse. Por eso reiteramos el llamado a que la venta de alcohol debe estar siempre regularizada; no puede venderse de forma ilegal ni al margen de la fiscalización”.
Por su parte, la directora regional del SAG, Ruth Arévalo, detalló el rol de la institución en el operativo: “A solicitud de Dicrep, estamos actuando como ministros de fe en la eliminación de más de 8 mil litros de alcohol asociados a diversas causas y decomisos realizados por las autoridades desde 2013. Nuestros fiscalizadores verificaron la trazabilidad, los grados alcohólicos y los volúmenes, asegurando que el procedimiento cumpla con la normativa vigente”.
La destrucción de estos alcoholes constituye una acción clave para prevenir riesgos sanitarios, reducir el comercio ilícito y proteger a la comunidad de productos inseguros que circulaban fuera de toda regulación.
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