El Informe 2025 de la ONU sobre océanos y derechos humanos reconoce la Ley Lafkenche y los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPOs) como un modelo global para proteger los derechos indígenas, la conservación marina y la gobernanza sostenible, destacando su impacto cultural, espiritual y ambiental.
Organismo de la ONU reconoce a Ley Lafkenche y Espacios Costeros como modelo global para la protección de océanos y derechos humanos
De acuerdo a una comunicación del Observatorio Ciudadano en redes sociales, en un hito histórico para los derechos humanos y la conservación ambiental, el Informe 2025 de las Naciones Unidas sobre océanos y derechos humanos ha reconocido la Ley 20.249, también denominada como Ley Lafkenche, y los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPOs), como un modelo ejemplar para la protección de los derechos indígenas y la gobernanza sostenible de los océanos. Este informe, titulado “El océano y los derechos humanos”, fue elaborado por la Relatora Especial de la ONU sobre el Derecho a un Medio Ambiente Sano, Astrid Puentes Riaño, y destaca la importancia de estos mecanismos legales para preservar los vínculos culturales, espirituales y económicos de los pueblos originarios con el mar.
El informe resalta que los ECMPOs, regulados por la ley 20.249, representan una herramienta fundamental para la conservación marina y una gobernanza oceánica inclusiva. Además, su inclusión en un documento oficial de la ONU marca un precedente internacional en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas costeros y su papel en la protección del medio ambiente. Este reconocimiento no solo valida los esfuerzos de las comunidades locales, sino que también establece un estándar global para otros países.
Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, Astrid Puentes Riaño, enfatizó que los ECMPOs son un ejemplo de “buenas prácticas” que deben ser replicadas en otras regiones del mundo. Estos espacios no solo protegen los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios, sino que también promueven un enfoque ecosistémico e interseccional para la gestión de los recursos marinos. El informe incluye recomendaciones clave para los Estados, como garantizar un entorno seguro para los defensores de los derechos humanos y reconocer los sistemas de gobernanza locales y tradicionales.
Sin embargo, este logro no está exento de desafíos. Desde su aprobación en 2008, la Ley de Espacios Costeros ha enfrentado una fuerte oposición por parte de empresas transnacionales, especialmente del sector salmonero, y de algunos sectores políticos. Las comunidades Mapuche, agrupadas en la Identidad Territorial Lafkenche, han denunciado campañas de desinformación y racismo que buscan socavar sus derechos y estigmatizar su lucha. “Reafirmamos nuestra negativa ante cualquier modificación de la Ley 20.249 y utilizaremos todas las herramientas disponibles para defenderla”, declararon las comunidades en 2024.
El informe de la ONU también llama la atención sobre la necesidad de que el Estado chileno resuelva las dificultades administrativas que han impedido una implementación efectiva de la Ley de Espacios Costeros. Las comunidades indígenas han señalado que los problemas no radican en la legislación, sino en la falta de voluntad política para garantizar su correcta aplicación. Este llamado al Estado es una oportunidad para fortalecer el compromiso con los derechos humanos y la justicia ambiental.
Según destacó el comunicado, el reconocimiento de la ONU no solo valida los esfuerzos de las comunidades originarias, sino que también refuerza la importancia de proteger los océanos como un bien común esencial para la vida en el planeta. Así, los ECMPOs son un ejemplo de cómo la colaboración entre los pueblos indígenas, la sociedad civil y el Estado puede generar soluciones innovadoras y sostenibles para los desafíos ambientales y sociales.
En un contexto global donde la crisis climática y la degradación de los ecosistemas marinos son urgentes, el informe de la ONU subraya que la protección de los derechos humanos y la conservación ambiental deben ir de la mano. La Ley 20.249 y los ECMPOs demuestran que es posible alcanzar este equilibrio, respetando los conocimientos tradicionales y promoviendo una gobernanza inclusiva.
Finalmente, este hito refuerza el papel de Chile en la protección de los derechos indígenas, fue posible a una contribución conjunta del Observatorio Ciudadano, la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar y la ONG FIMA.
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