En la comuna de Cañete se dieron cita el defensor nacional, Georgy Schubert; la abogada encargada de la Unidad Jurídica y representante de CONADI, Ana Hormazábal; el Director Regional del Biobío de la Defensoría Penal, Osvaldo Pizarro, y autoridades tradicionales para presidir el encuentro con más de 50 miembros del pueblo mapuche, acción que se enmarca en dar a conocer a las comunidades y asociaciones mapuche de la provincia el rol de la gestión institucional en materia indígena.
En la oportunidad, la abogada encargada de la Unidad Jurídica y representante de CONADI, Ana Hormazábal, manifestó que “para CONADI es de gran importancia ser parte de estas acciones, pues nuestra misión se enmarca en promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural, además de impulsar su participación en la vida nacional a través de la coordinación intersectorial”.
Asimismo, destacó que se debe reconocer y proteger también, los valores y prácticas sociales, culturales, jurídicas religiosas y espirituales propias de nuestros pueblos indígenas y tomar siempre en consideración la índole de sus problemas tanto colectivos como individualmente.
Defensa de calidad
La idea de este modelo está en el centro mismo de la misión de este servicio del Estado, que no es otra que entregar defensa técnica de calidad en materia penal a quien lo necesite. Pero no sólo eso, pues también tiene que ver como los compromisos que el propio Estado ha adquirido, al suscribir distintas iniciativas de la comunidad internacional, a través de convenios, tratados y acuerdos.
Ello explica el énfasis con que la defensoría ha trabajado en el último tiempo para desarrollar, a lo largo de todo el país, distintos modelos especializados de defensa penal, uno de los cuales es el de defensa indígena, que busca lograr un sistema de defensa que reconozca el valor de la interculturalidad.
Por lo mismo, CONADI, cree que el derecho a la defensa durante el proceso penal debe reforzarse en el caso indígena a través de la existencia de mecanismos específicos que han permitido el cumplimiento de las garantías mínimas establecidas a nivel internacional de manera efectiva y pertinente, indicó la profesional.
Cabe destacar, que CONADI y la Defensoría Penal Pública tienen como objetivo permanente acercar la información a las comunidades y asociaciones mapuche de la Provincia y la Región para permitir un desarrollo más integral de nuestros pueblos originarios.
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