La propuesta del diputado Rathgeb subyace en la posibilidad de que en zonas rurales, tanto el SAG como Conaf puedan mover, trasladar a otros sectores o a perreras establecidas, y en última instancia sacrificar a aquellos perros que constituyen un peligro para otros animales silvestres protegidos por ley o para la producción ganadera de pequeños productores en los campos de Chile.
A juicio del diputado por Malleco, esta propuesta tiene sustento en el constante daño que jaurias de perros -ya sea que hayan sido abandonados por sus dueños o porque nacieron y se crecieron en las zonas rurales-, han provocado a la población de especies protegidas como el pudú, el huemul, el puma o el zorro de Darwin e incluso en aves como el piden, el queltehue o las perdices que son cazados o bien sus huevos son destruidos por la acción de estas jaurías. Esto sin considerar el perjuicio que estos grupos de perros -que por su condición no reconocen el dominio humano- provocan a la producción ganadera de las familias campesinas.
Según el legislador, la Comisión de Hacienda había dispuesto indicaciones en este proyecto que permitían este control (concretamente en el artículo 5 con relación al artículo 28 de la propuesta legal), sin embargo, en la discusión interna de la Comisión de Salud estas disposiciones fueron rechazadas, precisando el legislador que por la protección a la fauna silvestre y de la producción ganadera de pequeños productores resulta necesario realizar la votación de estos artículos de manera separada al proyecto en general.
“Yo insisto en esto porque creo que tenemos serio riesgo de poner en mayor peligro mucha fauna silvestre autóctona que están en riesgo de extinción como así también los animales domésticos de nuestros agricultores. Por lo tanto, solicito que se haga una votación separada respecto a los artículos 5 y 28 para establecer la posibilidad de realizar un control a los animales que provoquen esos daños a la fauna silvestre y a nuestros productores sólo en las zonas rurales”, indicó el diputado.
Asimismo, el parlamentario expresó la necesidad de que la Cámara de Diputados establezca mayor claridad sobre los recursos disponibles para que las municipalidades cumplan con los requisitos y obligaciones de esta norma. En este sentido, indicó que solicitó también la votación separada de los artículos 25, 26 y 27 que se refieren a facultades y obligaciones de los municipios en la propuesta legal para definir en ellos la disposición de estos recursos.
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