La investigación surgió tras una denuncia interpuesta en octubre de 2017 en la Brigada de Trata de Personas Metropolitana (Britrap), por una ciudadana ecuatoriana quien señaló haber sido engañada junto a su primo –de la misma nacionalidad- por una connacional que los trajo a Chile bajo términos distintos a los que habían acordado en su momento.
Las víctimas-quienes eran menores de edad al momento de su captación, traslado e ingreso a Chile en el año 2015- fueron reubicadas en Temuco, donde la mujer denunciada retuvo sus documentos de identidad y los mantuvo trabajando, durante un año, como vendedores ambulantes en extenuantes jornadas laborales y rompiendo las condiciones con las que habían sido trasladados hasta nuestro país.
La subcomisario Carolina Sáez Vergara de la Britrap Metropolitana señaló que “se estableció que la imputada captó en la ciudad de Otava en Ecuador a dos víctimas las cuales trasladó a Temuco con la promesa de ejercer actividades remuneradas en un local comercial establecido y que les pagaría 150 dólares mensuales, sin embargo este acuerdo no se cumplió, pues no había un local comercial establecido y tampoco se les pagó la totalidad del dinero (…). Se establece el tráfico ilícito de migrantes ya que la imputada promovió y facilitó el ingreso ilegal al país de estos dos menores de edad ya que ingresaron en calidad de turistas, siendo que su finalidad real era ejercer actividades remuneradas en Chile”.
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