Hasta la sesión llegaron más de 20 hortaliceras que desde hace algún tiempo se han visto enfrentadas a la ordenanza municipal que les impide poder comercializar sus productos en el centro de la capital regional.
En la instancia solicitaron el apoyo de los parlamentarios en poder dar una pronta solución a su problema, ya que tal como lo han señalado en innumerables oportunidades, la venta de los productos que cultivan y procesan en sus hogares es el aporte económico más importante de sus hogares.
“Nosotras no vendemos cosas plásticas o productos que compramos y revendemos. Nosotras lo que ofrecemos a nuestros caseros y caseras son las hortalizas, el mote, las tortillas que nosotras mismas producimos y fabricamos” señaló Yolanda Llanquitur, representante de la agrupación de hortaliceras mapuche.
Por su parte, la Diputada Andrea Parra señaló que “no nos cabe duda de que lo que hoy ocurre en Temuco es algo que no sucede en ninguna otra comuna de la región o del país. Chile ha suscrito y ratificado el convenio 169, y la ordenanza municipal que propició el alcalde Becker vulnera ese tratado pues algo que afecta al pueblo mapuche debió ser sometido a consulta. Sumado a eso es importante señalar que no podemos tratar a las mujeres hortaliceras mapuche como tratamos a los comerciantes ambulantes porque simplemente no son lo mismo” enfatizó la parlamentaria.
Dentro de lo acordado por la comisión, se estableció poder realizar una sesión de la Comisión de Derechos Humanos en la ciudad de Temuco para poder contar con la presencia del Alcalde de la capital regional y su honorable concejo municipal, para que aclaren los motivos por los que consideran que este grupo de mujeres no debe realizar su actividad en el centro de la ciudad.
Del mismo modo, se citará al General Director de Carabineros o en su defecto al General a cargo de Fuerzas Especiales para que explique cuál ha sido el protocolo de actuación cuando han debido desalojar a las hortaliceras ya que según señalan ha sido desmedido.
Finalmente la comisión acordó comenzar a trabajar en un proyecto de ley que permita proteger a las mujeres indígenas en el desarrollo de la actividad económica propia de su cultura.
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