El recién publicado Informe Mundial sobre Drogas 2019 indica que el número de personas que consumen drogas ha aumentado en un 30% respecto de 2009 y que la prevención, el tratamiento, las respuestas en materia de salud pública, son insuficientes. Este déficit es un serio obstáculo para lograr los Objetivos de desarrollo sostenible y cumplir el compromiso de no dejar a nadie atrás. Las escasas respuestas son en su mayoría ineficaces, poco accesibles; no se basan en evidencia científica, ni son respetuosas con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En Chile, los datos del Senda, indican que, en 2016, 692 mil personas presentaron consumo problemático de alcohol y otras drogas. De ellas, sólo el 10% recibió algún tipo de respuesta terapéutica, ya sea pública o privada. Ese porcentaje es alto dentro del contexto latinoamericano, pero escaso si nos comparamos con países OCDE, y no se condice con los desafíos planteados por el programa Elige Vivir sin Drogas y el Acuerdo Nacional por la Infancia, entre otras iniciativas gubernamentales.
En 4 regiones del país aún no existe ninguna oferta para personas en situación de calle, como Carlos, ni para las privadas de libertad; en 8 no hay ninguna respuesta para quienes están en libertad vigilada y la falta de camas para desintoxicación en la mayoría de las regiones es un hecho de la causa. Y lo peor de todo es que desde 2015, el presupuesto de Senda ha ido bajando de manera sostenida. Lo más grave es el descenso de los recursos destinados a tratamientos: se han asignado 2 mil millones menos estos últimos 5 años. Parafraseando a Carlos, es como si estuviéramos dejando caer a los que, por una cuestión tanto ética como práctica, tendríamos que estar empeñados en ayudar a levantarse.
Carlos Vohringer, director técnico nacional de Apoyo Terapéutico del Hogar de Cristo
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