Así lo explicó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, quien apuntó a que cualquier tipo de beneficio, incluyendo el bono de clase media, quedan sujetos a obligaciones de transparencia activa de las instituciones públicas y, por ende, deben estar publicadas en sus respectivos sitios web.
Desde el organismo aclararon, además, que en el caso que cualquier solicitante quisiera acceder a información personal adicional de quienes hayan recibido algún tipo de beneficio o subsidio, sólo deben entregarse los datos que permitan su acertada identificación.
“La jurisprudencia del Consejo en este sentido es que el nombre y el número de cédula de identidad ayudan al control social, es decir, como se está haciendo ahora, a verificar si los beneficiarios efectivamente cumplen con los requisitos para haber recibido asignaciones de recursos públicos”, dijo el titular de Transparencia.
Sin embargo, subrayó que “deben mantenerse bajo reserva otros datos como, por ejemplo, el domicilio, teléfono y correo electrónico del beneficiario, por no ser estrictamente necesarios para individualizarlo”. Esto último de acuerdo a recomendaciones emanadas desde el propio Consejo (Instrucción Nº11).
En el caso del domicilio particular, el abogado del CPLT informó que sería posible identificarlos por comunas, de manera de establecer algún tipo de tendencia general de distribución de las asignaciones de este tipo.
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