Un gran número de críticas se dejaron ver en redes sociales luego de la emisión de T13 AM, donde el periodista Héctor Burgos y corresponsal del canal desde La Araucanía, señaló al aire -refiriéndose presuntamente a Antonia Barra- que “era una loquilla”.
La frase causó un gran revuelo en plena jornada de formalización de Martín Pradenas, lo que incluyó la desvinculación del mismo corresponsal y la editora de las ediciones AM y Tarde de T13, Silvana Muñoz, según consignó Radio Biobío.
Canal 13 durante la jornada explicó el motivo de la frase que provocó la indignación en redes sociales señalando que “no hubo jamás mala intención de parte del periodista”, correspondiendo la frase a un fragmento en que el periodista explicaba a la editora el tenor de lo que la defensa de Pradenas había argumentado.
En el comunicado de Canal 13 señalaron además que tomaron “contacto con la familia de Antonia, además de su abogado, para explicar y pedir las disculpas del caso, las que fueron bien recibidas”. Agregaron en la misiva: “en ningún momento fue intención del periodista (Burgos) y menos del medio denostar la persona de Antonia y menos relativizar su caso, que hemos cubierto con todo el rigor”.
Héctor Burgos, conocido periodista de La Araucanía, tras el incidente, cerró sus perfiles en redes sociales como Facebook e Instagram, por la violenta respuesta de la ciudadanía ante sus dichos.
Martín Pradenas, quien está siendo investigado por delitos sexuales cometidos contra tres víctimas (dos fueron desestimadas), entre ellos, la acreditada violación de la difunta Antonia Barra, ha estado estos días en el ojo del huracán, exposición que ha alcanzado a cercanos del imputado, abogados e incluso a la misma prensa como en este y otros casos.
Hoy en la plaza de Armas de Temuco se efectuó una masiva marcha de #JusticiaParaAntonia, luego que el Juzgado de Garantía no acogiera el requerimiento de prisión preventiva y anunciara medidas cautelares para Martin Pradenas: reclusión domiciliaria total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas mientras se efectúe la investigación, cuyo plazo es de 120 días.
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