Desde que el gobierno tomó la decisión de poner fin al Estado de Emergencia (EE), sin escuchar la voz de las regiones, los atentados y hechos de violencia han aumentado en un 100%. Pasamos de tener un promedio de un atentado diario, en la última semana del EE, a dos.
En igual período, el gobierno, que se comprometió a garantizar la seguridad en nuestras regiones, ha entregado beneficios penitenciarios a criminales condenados por asesinar brutalmente a personas inocentes, ha roto con la tradición histórica de todos los gobiernos, sin importar su color político, de querellarse por estos atentados y profundizado ese sentimiento de abandono estatal, impunidad e inseguridad que tenemos quienes vivimos en el sur de Chile.
Entendemos las diferencias que puedan existir en el país respecto a las soluciones, pero ningún gobierno puede ponerse de rodillas frente a los violentistas que están infundiendo terror en nuestra patria. No pueden ser los violentistas quienes fijan los términos sino una gran mayoría democrática y pacífica que habita en las regiones del sur del país.
Lo hemos señalado una y otra vez, el sur necesita más seguridad, no menos. No se puede jugar a la paz, no se puede experimentar con el dolor de la gente, el diálogo es importante y somos promotores de este, pero más importante y prioritario debería ser para el gobierno garantizar la paz y tranquilidad de las familias inocentes.
Por ello son indispensables las medidas concretas, no podemos vivir de simbolismos. Pedimos al gobierno que reponga inmediatamente el Estado de Emergencia, que defienda a las personas inocentes y se querelle contra quienes producen atentados, que no abandone los juicios que están en curso, que no ceda ante la presión de quienes infunden terror.
El problema que vivimos no es solo político, es una crisis de seguridad nacional.
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