Miguel Mellado, afirmó que el proyecto de ley se realizó por delitos que se comenten en la macrozona sur. “Este proyecto busca terminar con la impunidad hacia los sinvergüenzas que se toman casas y predios en nuestro país, utilizando la violencia para lograrlo, especialmente en la región de La Araucanía, donde terroristas realizan este tipo de actos bastante seguido”.
En tanto, el diputado Jorge Rathgeb, apeló a los derechos humanos de las personas que son desalojadas violentamente de su propiedad. “Dentro de los derechos humanos está residir donde uno estime pertinente, cumpliendo con la normativa correspondiente. El hecho que se limite a vivir en determinado lugar es una violación abierta a los derechos humanos y eso está ocurriendo en La Araucanía y en la macrozona sur donde las personas han debido abandonar sus propiedades y domicilios por la situación de violencia y amenazas. Este proyecto tiene como finalidad y trasfondo, ese objetivo de residir donde uno estime necesario”.
De esta manera, el Estado, deberá elaborar diagnósticos de las causas de desplazamiento forzado, identificando las zonas del territorio nacional en las que se produce o se podría producir, así como de las zonas receptoras, elaborando una caracterización de las personas y/o comunidades afectadas por la violencia. En la misma línea, el Estado tendrá la labor de prevenir este tipo de delitos, entregando asesoría y asistencia a las personas y comunidades que puedan verse afectadas por un hecho de desplazamiento, con el objeto de prevenir las causas de la misma.
El parlamentario aseguró que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, además de las Fuerzas Armadas, deberán estar a disposición de la seguridad de las víctimas, “Las personas que se encuentren en proceso de desplazamiento y retorno a su propiedad, podrán ser custodiados por Carabineros y en el caso de estar vigente el excepción constitucional, las Fuerzas Armadas prestarán seguridad a los afectados”.
Así, el proyecto de ley, apoyado también por los parlamentarios Becker, Beltrán, Berger, Romero y Ossandón, buscará otorgar prevención, seguridad y protección a las personas o familias que se ven forzadas u obligadas a huir y entregar su propiedad. Sin embargo, todo aquel que con el objeto de percibir indebidamente uno o más beneficios entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos, será sancionado con las penas del artículo 467 del Código Penal, arriesgando presidio máximo y una multa de 21 mil 300 UF mensuales.
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