El senador Francisco Huenchumilla destacó la aprobación, en el Senado y en la Cámara Baja, del proyecto que crea el Registro de Deuda Consolidada, iniciativa legal que permitirá el establecimiento de un registro único agregado con las deudas de las personas que incluirá la información bancaria, de casas comerciales y de empresas de retail.
Para el legislador, este proyecto es políticamente muy relevante “en un país donde los niveles de endeudamiento de la población han crecido muchísimo en la última década, situación que es necesario regular de alguna manera, como una forma de cuidar el bienestar y la estabilidad económica de las familias, además de para mejorar el sistema de evaluación crediticia de las personas que muchas veces se ven limitadas por sus registros de deuda” planteó.
El detalle
En este sentido, explicó el parlamentario, “la legislación mandata crear un registro oficial de información sobre obligaciones crediticias, que por una parte estandarizará el sistema de evaluación crediticia de las personas, y que a la vez dotará a la Comisión para el Mercado Financiero, de toda la información necesaria para el mejor cumplimiento de las atribuciones legales de regulación, supervisión y cumplimiento que tiene sobre las instituciones financieras”, dijo.
Pero para establecer este registro, la ley establece la figura de deudor, que corresponde “a toda persona natural o jurídica que mantenga deudas, de obligaciones que sean reportables en forma de crédito de dinero, u otras obligaciones que pueda establecer la Comisión para el Mercado Financiero”, indicó el parlamentario.
El reporte de estas deudas a este sistema “será obligatorio, y estarán obligados a ello bancos, compañías aseguradoras, agentes administradores de mutuos hipotecarios endosables, emisores de tarjetas de crédito, cajas de compensación de asignación familiar, cooperativas de ahorro y crédito y toda entidad fiscalizable por la CMF”, abundó el legislador.
“El registro de deuda consolidada, en tanto, será administrado por la Comisión, y podrán acceder libremente a su información todos los reportantes, a los cuales una persona natural o jurídica acuda a pedir un crédito, sólo con el fin de evaluar su riesgo crediticio”, detalló el senador Huenchumilla.
Una novedad, sin embargo, es que “toda persona podrá acceder a su propia información almacenada, si bien fuera de esos usos, los reportantes deberán mantener reserva de la información que obtengan del registro, arriesgando sanciones de entre 100 y 10.000 UTM si no lo hicieren”, puntualizó el senador por La Araucanía.
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