Agricultores Unidos cuestionan el Estado de Excepción y exigen enfrentar causas estructurales del conflicto en la Macrozona Sur

La Asociación de Agricultores Unidos se refirió al estado de excepción que rige en la Macrozona sur y que este 17 de mayo cumplió tres años de vigencia. 
El gremio agrícola cuestionó los efectos reales del Estado de Excepción vigente en la Macrozona Sur, señalando que la medida, si bien puede disminuir hechos puntuales de violencia, no aborda las causas estructurales que alimentan la crisis en la región.
Según el gremio, “persiste una omisión crítica: la raíz del conflicto está en la sistemática extracción de renta desde el mundo rural, que ha dejado a la región empobrecida, con servicios debilitados y comunidades desplazadas del desarrollo económico”.
En ese contexto, los agricultores denuncian décadas de abusos en los mecanismos de comercialización, precios fijados de manera unilateral y escasa inversión pública en capacidades productivas locales.
La organización también pone en entredicho la legitimidad de algunos actores que históricamente han representado al sector agrícola.
A juicio del gremio, muchos de esos dirigentes “dejaron de ser agricultores para transformarse en empresarios del agro con intereses propios”, alineados con estructuras que lucrarían mediante la intermediación, el acopio y la exportación.
“La voz del productor de base ha sido sistemáticamente excluida. Si no se cambia esta lógica, los agricultores seguirán sin una representación real en las decisiones que afectan sus vidas y sus territorios”, afirmaron desde la Asociación.
Agricultores Unidos insistió en que el actual modelo económico en el sector rural, basado en la subordinación del pequeño y mediano productor al poder agroindustrial, es insostenible, recalcando que “mientras no se enfrenten los factores estructurales —como la captura de renta, los conflictos de interés y la marginación de los actores locales—, cualquier intento de pacificación será incompleto”.
Finalmente, desde la Asociación gremial hicieron un llamado a las autoridades a “escuchar las voces del campo real, promover un desarrollo rural inclusivo y enfrentar con valentía los intereses que han profundizado la desigualdad en la región”.