Un reciente informe de la Contraloría General de la República encendió las alarmas en La Araucanía, al constatar que siete comunas de la región no han cumplido con sus obligaciones legales en materia de seguridad ciudadana, pese a figurar entre los territorios con mayor vulnerabilidad socio-delictual del país.
Las municipalidades observadas corresponden a Curacautín, Ercilla, Galvarino, Purén, Lonquimay, Nueva Imperial y Pucón, todas identificadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) como comunas “urgentes” debido a sus altos índices de delitos graves, violencia de género y condiciones socioeconómicas críticas.
Según el informe, Curacautín no ha reportado actas de su consejo de seguridad comunal desde julio de 2021, mientras que Ercilla, Galvarino, Purén y Lonquimay no han enviado sus respectivos planes de seguridad a la SPD. Por su parte, los municipios de Nueva Imperial y Pucón mantienen planes vencidos desde febrero de 2025.
La normativa vigente exige que los planes comunales de seguridad ciudadana sean actualizados anualmente y que los consejos comunales sesionen al menos una vez por mes. Al respecto, la Contraloría señaló que “el incumplimiento obstaculiza la coordinación interinstitucional y debilita la prevención del delito”.
Frente a esta situación, el organismo fiscalizador resolvió tomar medidas concretas. “Se ordenó realizar sumarios administrativos a los municipios involucrados”, indica el informe, agregando que “se remitieron los antecedentes a la Subsecretaría de Prevención del Delito para que exija las medidas correctivas que correspondan”.
Asimismo, la Contraloría incluyó a estas siete comunas en su análisis de riesgo institucional, considerando el perjuicio que implica la falta de planificación y articulación en contextos de alta conflictividad y vulnerabilidad delictual.
El informe forma parte de una fiscalización a nivel nacional que reveló que el 90% de los municipios del país no ha remitido documentación obligatoria sobre planes de seguridad o actas de sus consejos comunales, lo que podría afectar directamente la efectividad de las políticas públicas en seguridad ciudadana.
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