La salida del directivo se produce tras denuncias sobre la validez de sus postgrados y el nombramiento de un funcionario con título falso.
Daniel Vargas Orellana presentó su renuncia a los cargos de director titular del Hospital de Angol y director subrogante del Servicio de Salud Araucanía Norte (SSAN), en el contexto de controversias relacionadas con su formación académica y decisiones administrativas.
Una de las principales críticas apunta a que Vargas habría presentado certificados de postgrados emitidos por «Belford University», una entidad denunciada internacionalmente por comercializar títulos no acreditados. Entre estos documentos se incluyen un «doctorado en sociología» y una «maestría en administración de empresas», cuya legitimidad ha sido cuestionada por dirigentes gremiales locales.
Además, en noviembre del año pasado, Vargas nombró como subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas del Hospital de Angol a un funcionario que poseía un título profesional falso de ingeniero comercial. Esta situación generó preocupación entre los gremios, quienes expresaron que las autoridades hospitalarias estaban al tanto de estas irregularidades desde mayo de 2024, pero no tomaron medidas al respecto.
La presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de Técnicos de Servicios de Salud (FENTESS) en Angol, Claudia Farías, señaló que «la Contraloría informó al hospital en mayo del año pasado esta situación fue denunciada por una persona anónima, pero bueno, está claro que no se hizo nada porque estamos hoy día en esto».
La renuncia de Vargas fue comunicada a través de un correo electrónico dirigido a funcionarios del Hospital de Angol, en el cual informó que durante la mañana había formalizado su renuncia ante el subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud.
Este caso se suma a una serie de investigaciones en curso en el Hospital de Angol, incluyendo una indagación de la Fiscalía por anomalías en las listas de espera, donde se habría favorecido en la atención a funcionarios y sus familiares, según denuncias del Instituto Nacional de Derechos Humanos y reportes de la Contraloría.
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