Ex mano derecha de gobernador Saffirio denuncia despido arbitrario y represalias en el Gobierno Regional: acusa presiones, irregularidades en compras y manipulación de su renuncia

Gissel Treulén, quien trabajó ocho años en el Gobierno Regional de La Araucanía y fue promovida por el propio gobernador René Saffirio como administradora regional, presentó una demanda por vulneración de derechos fundamentales.

Asegura que su salida fue una represalia por negarse a firmar una compra directa por $25 millones, que habría carecido de fundamentos legales. Afirma que la hicieron firmar su renuncia “bajo presión”, que la carta fue ingresada sin su autorización y que fue reemplazada por un funcionario asociado al proceso irregular.

Gissel Treulén ingresó en 2017 al Gobierno Regional de La Araucanía (GORE), donde pasó por diversos cargos técnicos hasta convertirse, en enero de 2025, en Administradora Regional, una de las posiciones más relevantes de la institución. El nombramiento —según señala en la tutela laboral— fue realizado directamente por el gobernador electo, René Saffirio.

“Lo asumí con gran felicidad, ya que era un gran reconocimiento a mi calidad como profesional”, señala en el escrito judicial en que demanda al Gore de La Araucanía. Sin embargo, menos de cinco meses después, la relación laboral cambiaría abruptamente.

El conflicto central descrito en la demanda estalla el 21 de agosto de 2025, cuando el Gabinete del Gobernador solicita acelerar la adquisición de un software por trato directo, decisión que, según Treulén, no cumplía con la normativa de compras públicas.

En el documento afirma que advirtió a su equipo que no podía firmar sin cumplir los requisitos legales: “Sin ese antecedente, yo no podía autorizar ni firmar la adquisición solicitada, ya que hacerlo habría significado infringir la normativa vigente y vulnerar los principios de probidad administrativa”. Relata que Saffirio le habría enviado un mensaje directo presionando para que el proceso avanzara rápidamente, eludiendo la vía regular.

En el texto jurídico la afectada relata: “El 21 de agosto de 2025, el Jefe de Gabinete del Gobernador, Marcelo Parra, solicitó información sobre la inversión regional a Marco Rosas, profesional de la DIPLADER encargado del proceso de planificación y subordinado mío en esa época. El profesional me informó de dicha petición y le indiqué que no había inconveniente en entregarla, pero que correspondía requerirla por la vía oficial, al menos mediante correo electrónico«.

«Posteriormente, ese mismo día, recibí un mensaje de WhatsApp de René Saffirio, mediante el cual me indicó lo siguiente: “Gissel. El proceso de adquisición del programa computacional Arcgis lo seguirá llevando adelante Marcelo Parra en conjunto con Marcos Rosas. Se trata de una iniciativa prioritaria que debe avanzar sin obstáculos. Gracias”, expresó.

El relato de la ex funcionaria del Gobierno Regional de La Araucanía continúa: “Al día siguiente, el 22 de agosto de 2025, al llegar a mi oficina, encontré sobre mi escritorio una solicitud de adquisición del software, acompañada de una cotización por un monto aproximado de 25 millones de pesos, en la que se me solicitaba aprobar con mi firma el procedimiento para realizar la compra mediante trato directo. Ante este requerimiento, hablé directamente con Marco Rosas, indicándole que, según la instrucción del Gobernador, la gestión de ese proceso sería llevada adelante por el Gabinete y por él mismo. El señor Rosas me respondió que no podía hacerlo, ya que dichas funciones correspondían a la encargada de DIPLADER, o sea yo”.

“Le señalé que, por el monto de la compra, el procedimiento correcto debía ser una licitación pública y no un trato directo, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 sobre Compras Públicas. Él insistió en que se trataba de un proveedor único, ante lo cual le pedí el certificado correspondiente emitido por Mercado Público, documento que acredita esa condición y que es requisito indispensable para justificar una contratación directa. Me respondió que no contaba con dicho certificado, por lo que le indiqué que, sin ese antecedente, yo no podía autorizar ni firmar la adquisición solicitada, ya que hacerlo habría significado infringir la normativa vigente y vulnerar los principios de probidad administrativa que rigen la función pública”, indica la demandante.

Rumores internos, tensiones y ambiente hostil

Al día siguiente, la profesional asegura que comenzaron a circular rumores en el edificio del GORE: “Había circulado el rumor de que el viernes anterior yo había ‘entrampado’ una compra importante, y que dicha situación había generado malestar en el Gobernador Regional”, explicó Treulén afirma que estos comentarios buscaban desacreditarla, generando “ambiente de hostilidad” y una “sensación de deslegitimación” frente al personal.

Cuando intentó explicarle directamente los fundamentos jurídicos al Gobernador, señala que éste le respondió que la compra “se realizaría de acuerdo a lo establecido legalmente”, pero que la tensión ya estaba instalada.

Treulén explicó al mismo gobernador Saffirio la situación y posterior a ello se reunión con el jefe de Gabinete y otras áreas del Gore, “en la que se analizó la viabilidad presupuestaria del software. En esa instancia confirmo que el proceso debía realizarse mediante licitación pública, ya que no existían condiciones legales para un trato directo”.

La cita a Gabinete y el giro inesperado

Según el escrito, el 29 de agosto, a su regreso de una actividad en terreno, fue citada de urgencia a la oficina del jefe de Gabinete, Marcelo Parra. Ahí —relata— le comunicaron que el Gobernador había decidido “reorganizar” el equipo y le solicitaron su renuncia sin entregarle motivo alguno. “Me pedían que retirara mis cosas ese mismo día, pues ya no formaba parte del Gobierno Regional”, asegura.

Treulén sostiene que pidió hablar con Saffirio, pero le respondieron que “no la recibiría”, añadiendo que le dijeron “que debía retirar mis pertenencias ese mismo día, pues ya no formaba parte del Gobierno Regional. Le dije que iría el lunes a hablar con el Gobernador y me dice (el jefe de Gabinete) que no insista que él no me va recibir y que por favor me fuera”.

Renuncia firmada bajo presión y carta ingresada sin su aprobación

En la demanda acusa que fue presionada para firmar una renuncia voluntaria: “Me vi forzada a redactar una carta de renuncia… firmé con el único propósito de evitar un daño mayor a mi trayectoria funcionaria”.

En el escrito señala que conversó con la jefa del Departamento Jurídico, Mariela Valdés, “a quien le pregunté si estaba al tanto de la situación. Ella me confirmó que el día anterior, Marcelo Parra y el Administrador Regional le habían solicitado preparar la carta de petición de renuncia, la misma que me acababa de ser entregada”.

“Le manifesté mi desconcierto y le pregunté qué ocurriría si no la firmaba; me indicó que sería “peor”, recomendándome firmar la renuncia, argumentando que de lo contrario se declararía vacante mi cargo y que eso “se vería mal” para mi curriculum”, señaló.

Pero agrega un antecedente particularmente sensible: la carta no fue entregada por ella, pues la oficina de Partes estaba cerrada ese viernes por la tarde. “Decidí presentarla el día lunes, pero esa carpeta se me quedó en la que ahora era mi ex oficina, posteriormente el día lunes me indican de Oficina de Partes que alguien había sacado mi carta y la habían presentado. Desconozco quién lo entregó posteriormente, ya que no realicé personalmente su ingreso ni autoricé a nadie para hacerlo”, acusa.

Treulén afirma que el golpe final llegó al enterarse de quién ocupó su lugar: “El funcionario que había participado junto al jefe de Gabinete en la gestión irregular de la compra… fue designado como nuevo jefe de la DIPLADER” . Según la demandante, esto confirma que su salida “no respondió a razones técnicas”, sino que fue una represalia por negarse a firmar una compra ilegal.

“Este acto afectó profundamente mi estabilidad laboral, mi honra y mi dignidad profesional, configurando un despido arbitrario y discriminatorio, contrario a los principios fundamentales que rigen el ejercicio de la función pública”, concluyó.

Acusaciones de vulneración a la integridad psíquica

Treulén describe un profundo impacto emocional: “Experimenté ansiedad, insomnio y desmotivación… la forma abrupta en que se me solicitó la renuncia me dejó en estado de shock”. Sostiene  en el documento que su dignidad, estabilidad laboral y honra profesional fueron dañadas.

“Mi desvinculación generó temor y desconfianza entre los equipos de trabajo, instalando la percepción de que quienes se rigen por la legalidad y la ética pueden ser sancionados, mientras que quienes acatan instrucciones irregulares son premiados con ascensos o confianza política. En consecuencia, el mensaje que se transmitió dentro de la institución fue profundamente desmoralizador y contrario al espíritu del servicio público, confirmando que mi salida tuvo un carácter represivo, arbitrario y discriminatorio, que excede toda razonabilidad administrativa”, expresa en el escrito.

Lo que pide a la Justicia

Dentro de las medidas que solicita Treulén en el escrito es su reincorporación al Gobierno Regional así como una indemnización por daño moral; asimismo exige el pago de horas extras y vacaciones adeudadas. Incluye dentro de lo solicitado charlas obligatorias en el GORE sobre derechos fundamentales para los funcionarios.

Si el tribunal acoge la denuncia, podría configurar una de las controversias laborales más delicadas del periodo para la administración del gobernador regional René Saffirio, pues el relato expone presiones políticas, irregularidades en compras públicas, manipulación de renuncias, represalias internas por negarse a infringir la ley, y eventuales favoritismos en cargos estratégicos, acusaciones que a menos de un año de la gestión del actual gobernador, darán que hablar.