El exalcalde de Cunco, Antonio Alfonso Coke Candia, fue condenado este martes en el Juzgado de Garantía de Temuco, tras admitir su responsabilidad en una serie de delitos de abuso sexual reiterado cometidos entre los años 2013 y 2021 en contra de cuatro funcionarias municipales.
La condena se dictó en el marco de un procedimiento abreviado, lo que, según explicó la Fiscalía, evita la revictimización y exposición pública de las afectadas, quienes estuvieron de acuerdo con esta vía judicial tras ser debidamente informadas y representadas.
De acuerdo con los antecedentes presentados por la fiscal del caso, Vania Arancibia, los hechos ocurrieron de forma sistemática durante el ejercicio del cargo de alcalde, y se materializaron tanto en dependencias municipales como en otros espacios vinculados a su función, incluyendo el estadio municipal y su domicilio particular.
El condenado se valió de su jerarquía como autoridad para abordar intempestivamente a las víctimas, aprovechando la asimetría de poder que mantenía como superior directo. Entre las conductas reconocidas se incluyen besos forzados, tocaciones en zonas íntimas, desabroche de prendas, comentarios de connotación sexual e insinuaciones vinculadas a beneficios laborales.
Las víctimas se desempeñaban como trabajadoras a honorarios, contrata y planta dentro del municipio de Cunco.
La fiscal Arancibia detalló que “el imputado reconoce todos los hechos que se le imputaron y que afectaron a cuatro víctimas en la presente causa, víctimas que fueron informadas y que estuvieron de acuerdo en la realización de este procedimiento abreviado y fueron previamente consultadas y representadas también por el abogado querellante”.
Agregó que “lo favorable de haber arribado a este procedimiento abreviado es principalmente la protección de las víctimas, se evita su revictimización, se evita su exposición y se garantiza, en definitiva, una sentencia condenatoria, que es lo que ha ocurrido el día de hoy”.
La Fiscalía solicitó además la imposición de medidas accesorias, entre ellas la prohibición de acercarse a las víctimas y la incorporación del condenado al Registro Nacional de Condenados, mediante la toma de muestra biológica para identificación genética.
El exalcalde arriesga una pena de tres años y un día de presidio, ya que el tribunal, en este tipo de procedimiento, no puede imponer una sanción mayor a la solicitada por el Ministerio Público.
La audiencia de lectura de sentencia fue fijada para el jueves 17 de julio, a las 12:00 horas.
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