Hasta la Contraloría General de la República llegaron los diputados de Renovación Nacional, José Manuel Edwards y Jorge Rathgeb, con el objetivo de solicitar al organismo, un pronunciamiento respecto a eventuales faltas a la probidad administrativa en que habrían incurrido algunos funcionarios de gobierno, en el marco de la querella presentada contra la revista Qué Pasa por parte de la Presidenta Bachelet, en su calidad de ciudadana.
En el documento, que fue entregado personalmente al Contralor General, Jorge Bermúdez, se cuestionan las intervenciones de respaldo a la querella, emitidas por el Ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, y del Subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, puesto que a su juicio “ demuestran la confusión entre el interés particular de la Presidenta, en cuánto ciudadana, de los intereses generales del Gobierno y de la Administración del Estado; subordinando, quienes las emiten, los últimos al primero”.
En la misma línea, el texto señala que “Los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos de la Presidenta de la República, pero no en los asuntos particulares de esta; sino, sólo y exclusivamente “en el gobierno y administración del Estado”. Por lo anterior, según los legisladores, con las acciones realizadas por Díaz y Aleuy “se contraviene especialmente el principio de la probidad administrativa, según el N° 4, del artículo 62, de la Ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, cuando se ejecutan actividades, se ocupa tiempo de la jornada de trabajo o se utiliza personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales”
Tras el encuentro, el diputado Edwards explicó que “el problema que se genera de hacerlo como ciudadana (presentar la querella), es que ella está utilizando la infraestructura del Estado, La Moneda como dirección, el tiempo de sus ministros y también su trabajo, a través de declaraciones públicas, en que ellos tratan de defender el interés particular de la ciudadana Michelle Bachelet, y eso a nuestro juicio, genera un problema grave de vulneración al principio de probidad administrativa”
“Ellos están para trabajar para los chilenos-continuó- y no para beneficio personal de una u otra persona. Creemos que es muy grave lo que ha ocurrido, creemos que aquí hay un abuso de poder de parte de todo el aparataje del Estado en contra de periodistas, que lo único que han hecho, es transcribir una conversación telefónica”, agregó el legislador.
A su turno, el diputado Jorge Rathgeb fue enfático al señalar que “la Ley sobre Probidad Administrativa claramente establece que deberá haber una preeminencia del interés público por sobre el particular. Y además se agrega, que no se podrán destinar tiempo, ni recursos fiscales para situaciones de carácter particular”.
“Nosotros entendemos que si los ministros o subsecretarios han entregado parte de su tiempo y recursos para defender a una ciudadana, es evidente que se está atentando con el principio de probidad administrativa indicada en la ley 18.573, que además es extensiva y obligatoria para todos los funcionarios públicos del país”, concluyó.
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