La Ley 20.845 de inclusión escolar que regula la admisión de estudiantes, elimina financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, impacta a todo el sistema mixto de educación escolar. La intensidad de los impactos varía si el establecimiento recibe o no la subvención estatal.
Según Nabor Carrillo, economista de la Unidad de Estudios de la Universidad Santo Tomás Osorno y coautor del libro “Una oportunidad perdida. La reforma escolar bajo la Ley de Inclusión”, los principales efectos negativos para las familias y los establecimientos que reciben aportes del Estado son pérdida de elección, por un lado, y calidad y desfinanciamiento, por el otro:
En suma, la Ley 20.845 genera perjuicio a los estudiantes y sus familias.
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