Lo anterior en directa alusión a lo expuesto en el texto actualizado del D.L. Nº 3.500, de 1980, de julio de 2007 y hecho público en agosto del mismo año de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones en su artículo 23 BIS que señala: «Las Administradoras de Fondos de Pensiones podrán encargar la función de administración de cartera de los recursos que componen el Fondo de Pensiones a sociedades anónimas de duración indefinida, cuyo objeto exclusivo sea la administración de cartera de recursos previsionales, las que deberán cumplir con los requisitos que se señalan en la presente ley y en una norma de carácter general que dictará la Superintendencia. El costo de la subcontratación será siempre de cargo de la Administradora».
Cuestión que a juicio de García hoy es literalmente letra muerta, pues no sólo estas entidades anónimas a las que se hace alusión, pareciera que no están inscritas como tales en la Superintendencia de Pensiones, sino que además, no estarían cumpliendo con lo más delicado, que es no traspasar las pérdidas a los sostenedores del sistema, es decir los ciudadanos y absorberlas ellos como administradores de los fondos, tal cual lo dice la Ley.
«considero que la no solución a este problema es una bomba de tiempo para la sociedad chilena y eso no contribuye ni al bienestar de los ciudadanos, ni a la paz social que esperamos. Por eso me preocupa que previo a una elección nadie diga nada respecto al tema. Ahora es cuando quienes llegarán al parlamento deben pronunciarse y marcar una posición», esgrimió García, quien se mostró abierto a todas las posibilidades de cambios que sean necesarios para resolver el problema. Una cuestión que podría tornarse a largo plazo, pero donde el parlamentario cree que se puede legislar de manera rápida de existir voluntad y al menos con ello «rayar la cancha y al menos acabar con las comisiones fantasmas de las AFP», como agrega, respecto a dar tranquilidad a los chilenos, sobre que las AFP, no seguirán jugando con los recursos de todos los chilenos a través de terceros en mercados extranjeros.
Según estadísticas que ya se han hecho públicas, serían al menos 55 mil millones de dólares los que estarían siendo manejados por terceros, cuya rentabilidad no necesariamente va integra a dar a los fondos de los trabajadores, lo que se reconoce como «comisiones fantasmas» y que hoy luego de meses de malestar ciudadano siguen pagándose sin que nadie reaccione sobre ello.
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