“En el caso Luchsinger Mackay, el Gobierno está preocupado de defender a los acusados y no a las víctimas, por eso es mejor que se retire del caso”.
De esta forma reaccionó el senador por La Araucanía, Alberto Espina, luego que desde la intendencia de la región se apelara por razones humanitarias para que finalmente la Corte de Apelaciones de Temuco cambiara la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario de la machi Francisca Linconao, imputada por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, en enero de 2013.
“Es preferible que el Gobierno retire su querella y se salga de la investigación que lleva la Fiscalía por el cobarde asesinato en que murieron quemados vivos el matrimonio Luchsinger Mackay”, puntualizó.
Además, Espina agregó que el Gobierno “hasta el momento, no ha aportado con ninguna prueba ni ha pedido diligencias y, para colmo, termina alegando en la Corte a favor de una de las acusadas para que quede sin prisión preventiva, cediendo a la presión de una huelga de hambre. Y, peor aún, afirma que la huelga de hambre vulnera los derechos humanos del que la realiza”.
En este contexto, el parlamentario RN apuntó a que la consecuencia de esta determinación será que “todos los demás acusados de este brutal asesinato, como ya está ocurriendo con algunos de ellos, iniciarán huelgas de hambre y así tendrán de aliados al Gobierno que pedirá su libertad”.
“Lo mismo podría ocurrir con cientos de presos en las distintas cárceles del país, que están recluidos por haber cometido graves delitos”, expresó.
En este sentido, Espina argumentó que “el deber constitucional del Gobierno –no es un favor- es proteger la seguridad de las personas y con mayor razón de aquellas que han sido víctimas de delitos”.
“Como en el caso Luchsinger Mackay, el Gobierno está preocupado de defender a los acusados y no a las víctimas, por eso es mejor que se retire del caso. Si continúa participando en el juicio, lo probable es que este crimen alevoso -como muchos otros- quede en la impunidad”, concluyó.
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