Caso Ambar Cornejo: Diputado Saffirio ya había presentado un proyecto para corregir las deficiencias del sistema de otorgamiento de libertades condicionales

Pedirá al Gobierno que le de urgencia a la iniciativa, luego de dos años en que fuera aprobado un Proyecto de Resolución en la Cámara de Diputados, en que se solicitaba lo mismo al Ejecutivo.

El diputado independiente René Saffirio solicitará al Gobierno que patrocine una iniciativa legal que se haga cargo de las deficiencias en el sistema de libertades condicionales y beneficios y que establezcan tribunales de ejecución de penas, que supervigilen el cumplimiento de las mismas, esto en el marco de la serie de cuestionamientos que han salido a la luz pública luego de conocerse antecedentes que permitieron a Hugo Bustamante Pérez, detenido por el crimen de Ambar Cornejo, obtener su libertad condicional en 2016.

El legislador de La Araucanía presentó una iniciativa en 2018, que fue respaldada por la Cámara de Diputados con un Proyecto de Resolución sobre ejecución de penas que solicitaba al ejecutivo avanzar en dichas materias.

“Hasta ahora no ha tenido mayor avance en la Cámara de Diputados, ni en el Ministerio de Justicia, por lo que voy a solicitar al ejecutivo que lo patrocine como proyecto y que le de urgencia, de forma de superar las deficiencias que tiene el sistema de otorgamiento de libertades condicionales”, adelantó el parlamentario independiente.

El proyecto presentado por el legislador de La Araucanía, fue aprobado como Proyecto de Resolución por la Cámara de Diputados el 18 de abril de 2018 y en él se solicitó al “Presidente de la República, que instruya al Ministerio de Justicia la elaboración y el envío de un proyecto de ley que cree los Tribunales de Ejecución de Penas, y que se realicen las adecuaciones legales y reglamentarias pertinentes para tal efecto”.

Cabe mencionar que el 6 de julio de 2018, el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, mediante una respuesta oficial a la Cámara de Diputados, acusó recibo y afirmó que dicha materia se encontraba en ese momento “en estudio por parte de la División de Reinserción Social de este Ministerio, lo que se traducirá en una propuesta de modificación legal que garantice el derecho de acceso a la justicia de las personas privadas de libertad”, lo cual hasta hoy no ha ocurrido.