Gabriel Vergara
CEO de Smart CFO
La reforma de pensiones en Chile marca un cambio estructural en la forma en que se financian y distribuyen los aportes previsionales, con implicancias directas tanto para los trabajadores como para los empleadores. Con esta ley, se introducirá una cotización adicional del 7% a cargo de los empleadores, elevando el total de aportes al 18,5%. Si bien su implementación gradual fortalecerá el sistema de pensiones, tendrá un impacto en los costos operativos de las empresas, lo que a su vez afectará la empleabilidad.
Esta reforma traerá consigo dos tipos de consecuencias para las empresas. En primer lugar, el aumento de la cotización en un 7% a cargo del empleador representará un incremento en los costos laborales, lo que afectará en la capacidad de contratación, la competitividad y la sostenibilidad de algunos negocios, especialmente en las pymes que se desenvuelven con márgenes ajustados. Esto podría generar un estancamiento en los sueldos, ya que las empresas siempre tenderán a buscar un equilibrio. De este modo, lo más probable es que se establezcan salarios menos competitivos en las nuevas contrataciones.
En segundo y último lugar, existen riesgos asociados a un posible aumento en la informalidad laboral, lo que llevaría a que algunas compañías opten por mantener parte de la remuneración «en negro» para reducir los costos operacionales. Lo anterior no solo afectará la seguridad social de los trabajadores, sino que también expondrá a las empresas a posibles sanciones, con impactos a nivel de viabilidad tanto en el mediano como en el largo plazo.
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