La iniciativa que comenzó a tomar forma a fines de mayo, busca transparentar la información y por qué no, corregir en caso que el uso no esté acorde lo establecido.
Surgida la inquietud, Mellado ofició al Ministerio de Bienes Nacionales, desde donde se le reportó que en La Araucanía hay 93 inmuebles fiscales, antecedente con los cuales solicitó información a las distintas reparticiones -entre ellas Ministerio de Obras Públicas, Servicio de Vivienda y Urbanismo, Intendencia-, para saber qué pasa con ellos, quién los está usando, si esta asignación se ajusta a la normativa, etcétera.
La idea es -explicó el parlamentario- regular la asignación de viviendas, acorde a los tiempos actuales.
“Antiguamente estos inmuebles existían y eran necesarios para acoger a quienes se trasladaban de una ciudad a otra para ejercer funciones públicas. Sin embargo, hoy el escenario es otro y hay variadas alternativas para acceder a financiamiento para adquirir una casa”, puntualizó Mellado.
A su juicio en un plazo de cuatro a cinco años ya hay una noción de si el funcionario se establecerá en determinada ciudad o emigrará a otra.
“En este contexto, es más que necesario regular el uso de los inmuebles fiscales, ya que se han dado casos en los que estos están el desuso o en el que los funcionarios tienen una vivienda y optan por hacer uso de una fiscal, para arrendar la propia. Esto, sin mencionar que si a nivel nacional hay algunos bienes ocupados de manera ilegal o irregular -75.8% de los 13 mil que estarían en esta condición en el país-, también podría haberlos en nuestra región”, enfatizó.
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