El objetivo principal de la normativa es aumentar los estándares, adecuándolos a los convenios internacionales.
El Gobierno de Chile, a través del Ministerio del Trabajo, presentó un proyecto de Ley para proteger con más fuerza los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y así aumentar los estándares que existen hoy sobre este tema para que estén adecuados a los convenios internacionales ratificados por Chile.
Durante la tramitación de este proyecto, se ha contado con un amplio y transversal apoyo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, contando en su revisión con la participación de la Subsecretaría de la Niñez, Defensoría de la Niñez y la Organización Internacional del Trabajo, ya que aún hay tareas pendientes para avanzar en este tema: según el Índice de Vulnerabilidad, de las 345 comunas del país, 81 tienen un alto nivel de vulnerabilidad al trabajo infantil, 63 se encuentran en nivel medio y 201 poseen vulnerabilidad baja al trabajo infantil.
“Debemos hacer todos los esfuerzos que sean necesarios por proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En tiempos de pandemia, esta normativa adquiere mayor relevancia ya que no queremos que sean los menores quienes paguen el costo de esta crisis. Con esta iniciativa queremos actualizar nuestra normativa a los estándares internacionales. Una de nuestras tareas también será apoyar la empleabilidad de los padres de esos niños, niñas y adolescentes, ya que, si logramos que ellos tengan un ingreso permanente, la posibilidad de que ese menor caiga en trabajo infantil, es menor”, señaló el Ministro (s) del Trabajo, Fernando Arab.
El proyecto de Ley, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y que ahora deberá revisar el Senado, propone entre otras cosas, fijar una diferencia expresa entre: Mayor de edad, Adolescente con edad para trabajar, Niño o niña, Trabajo Peligroso y Trabajo Adolescente Protegido.
Se estima que, en el mundo, hay 152 millones de niños y niñas —64 millones de niñas y 88 millones de niños— en situación de trabajo infantil; es decir, casi 1 de cada 10 niños en todo el mundo (OIT, 2017). Por lo mismo, la iniciativa busca actualizar los requisitos para la contratación de los adolescentes, regula las jornadas de trabajo para que estas no puedan ser superior a 30 horas semanales, disminuyendo el máximo de horas diarias que pueden trabajar y aumenta las multas para los empleadores que no cumplan con la Ley al contratar a menores de edad.
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