Los ataques perpetrados, en los que dos camiones, una camioneta y una garita fueron destruidos en Arauco, un complejo de cabañas en la comuna de Victoria, además del ataque con armamento de alto calibre al retén de Carabineros de Quidico, son de una violencia extrema e inaceptable y, lamentablemente, en esta materia el Gobierno no ha actuado de acuerdo a su función de Estado. Es cierto que lleva poco más de un mes en ejercicio, pero desde que el Presidente fue electo han transcurrido más de cuatro meses y aun estamos a la espera de un plan para La Araucanía que contemple medidas de seguridad para terminar con la violencia que se vive ya de forma cotidiana en la zona rural.
Veo con mucha inquietud la actitud contradictoria del Gobierno, que no empatiza con las víctimas y que al perecer tolera la violencia y el terrorismo. El Delegado Presidencial de La Araucanía no ha ejercitado las acciones penales que le corresponden como representante del Gobierno en la región y con ello está dejando de cumplir con una de sus responsabilidades fundamentales, cual es la de garantizar la seguridad y el orden público, para brindar la protección del Estado a las personas y sus bienes en la región.
Lo cierto es que el Gobierno ni siquiera ha declarado su rechazo hacia los atentados que hemos vivido en la región, con lo cual demuestra su displicencia frente a esta problemática tan grave para la ciudadanía de La Araucanía y de la Macro Zona Sur.
Una vez más, hago un llamado al Gobierno para que asuma de manera efectiva el rol que le corresponde como garante de la seguridad en la zona y que comience a dar cumplimiento al mandato que se le ha entregado para que proteja la vida y los bienes de los habitantes de la Macro Zona Sur.
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