El inicio de una huelga líquida por parte de 6 integrantes de la CAM que se encuentran actualmente en prisión por graves delitos cometidos por la orgánica radical en la Macrozona Sur, entre ellos, uno de sus cabecillas, Héctor Llaitul, motivó a la Senadora del partido Republicano, Carmen Gloria Aravena, a solicitar que se acelere el proyecto de ley que presentó tiempo atrás, junto a otros parlamentarios, para sancionar como falta grave este tipo de acciones al interior de las cárceles, iniciativa que ha tenido escaso avance y que actualmente está en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.
La legisladora considera prioritario que se apruebe este proyecto para evitar que se instrumentalice el sistema penitenciario con el fin de obtener beneficios carcelarios, “cuando son conductas que lejos de premiarse, deben ser sancionadas porque buscan generar una presión indebida a las autoridades , saltándose los procesos y requisitos legales establecidos por la legislación actual para optar a ese tipo de beneficios”, puntualizó la congresista.
La legisladora agregó que “esta es una práctica recurrente de los integrantes de las orgánicas radicales para obtener sus demandas al interior de las cárceles, ya que cada cierto tiempo están iniciando acciones de esta naturaleza, donde buscan aparecer como víctimas argumentando que son `presos políticos´, cuando claramente no lo son, y están recluidos precisamente por su participación en graves hechos de violencia, manteniendo muchas veces conductas disruptivas al interior de los penales, que lejos de premiarse, deben ser sancionadas, impidiendo a sus autores optar a beneficios carcelarios”.
La Senadora Aravena enfatiza que “el proyecto que presentamos, lamentablemente no cuenta con la urgencia en su tramitación y ha tenido un lento avance en el Congreso, cuando debiese ser una prioridad para inhibir las huelgas de hambre al interior de las cárceles, y evitar así que se utilicen como mecanismo para recibir un tratamiento especial que no tiene resto de la población penal, por el sólo hecho de presionar mediante una práctica indebida que amerita ser sancionada y no acogida”.
La legisladora plantea finalmente, que es “fundamental garantizar el normal funcionamiento y la seguridad al interior de los recintos penitenciarios, y que por lo mismo, las huelgas de hambre no deben ser permitidas ni menos premiadas, ya que al entregarse beneficios a quienes las hacen, como es el caso de los integrantes de la CAM, se incentiva a que los reclusos utilicen esta modalidad como moneda de cambio para obtener beneficios carcelarios”.
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