En las cárceles chilenas hay actualmente 56 mil reclusos, la cifra más alta en los últimos cinco años, según datos entregados por Gendarmería. De ellos, 8 mil son extranjeros, los que representan un 14%, en su mayoría colombianos, venezolanos y bolivianos. Esto es una constatación del fuerte incremento de la presencia de bandas criminales internacionales en el país, y también en el sistema penitenciario.
Cifras que para la Senadora Carmen Gloria Aravena representa un riesgo evidente de que en el corto plazo se pueda originar una crisis penitenciaría, como las que se han observado en otras naciones de la región, donde los grupos delictuales terminan dominando las cárceles y operando desde su interior con mayor intensidad.
Para la legisladora, Chile no está tan lejos de ese escenario, y una muestra de esa realidad, es lo que ocurrió hace unos días en la Cárcel de Alta Seguridad, donde integrantes del Tren de Aragua provocaron daños y destrozos en el recinto, además de atacar a funcionarios de Gendarmería.
“Si esto ocurre en la cárcel que se supone es de máxima seguridad, que queda para los otros recintos penitenciarios”, plantea la legisladora por La Araucanía, quien agrega que “este problema es otra cara de la severa crisis de seguridad que afecta al país y que se aprecia todos los días en las calles, con personas que son asesinadas o por hechos de violencia de alta connotación”.
Así lo confirman los registros de Carabineros, que establecen que el 2022 y 2023 son los años con más homicidios desde que se realiza la medición del Sistema Táctico Operativo Policial (STOP), mientras que entre 2022 a la fecha se han registrado más de 2 mil homicidios.
“Todo esto ha provocado, como consecuencia, un aumento de la población penal, especialmente de reclusos de alta peligrosidad, que han demostrado su intención de tener el control de los recintos penitenciarios, aprovechando las deficiencias del sistema carcelario chileno, donde muchas cárceles no tienen la infraestructura necesaria para separar a los reos por nivel de peligrosidad, ni las instalaciones necesarias para tener planes de reinserción adecuados. Al contrario, se observan disputas entre bandas nacionales y extranjeras, fuertes amenazas a Gendarmería y hechos de corrupción también, lo que configura un escenario nefasto”, puntualiza la Senadora Aravena.
Para la legisladora, el gobierno y el Estado tienen la obligación de anticiparse a una inminente crisis carcelaria, modernizando el sistema penitenciario, invirtiendo en nuevas y mejores cárceles, fortaleciendo las condiciones en las que funciona Gendarmería y sus remuneraciones, implementando acciones que prevengan casos de corrupción y desplegando programas efectivos de reinserción, antes que sea demasiado tarde”, concluyó Carmen Gloria Aravena.
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