Senador Francisco Huenchumilla ingresa al Congreso proyecto de Reforma Constitucional que consagra el derecho a la Eutanasia y la “muerte digna”

El legislador estudió el tema desde un punto de vista político y filosófico, basándose en el derecho comparado, y también en busca de “una respuesta distinta a la que daban las jerarquías oficiales” del mundo espiritual cristiano. “Estoy convencido de estar haciendo lo correcto, desde el punto de vista moral y político, al presentar este proyecto (…) cada uno hoy tendrá derecho a dar sus propias razones, en virtud de su personal convicción y principios acerca de la vida y de la muerte”, planteó.

El senador Francisco Huenchumilla ingresó, este martes en el Senado, un proyecto de Reforma Constitucional que busca legalizar en Chile la Eutanasia, bajo el predicamento de otorgar a las personas el “derecho a una muerte digna” y el “derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida”.

En específico, además, la iniciativa de reforma constitucional plantea que se reconozca el derecho “de toda persona que cumpla los requisitos previstos en la ley, a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir”.

Fundamento intelectual

Entre las consideraciones de múltiple índole que el parlamentario emitió para la formulación de este proyecto, planteó que “la gran conquista de la modernidad es el ideal de la tolerancia. Y en el Parlamento, hoy se debe legislar para todos y todas en nombre del Estado, en una sociedad pluralista donde cada cual tiene sus propias convicciones, pero que no se las puede imponer al resto”.

En el fundamento del proyecto, el congresista reforzó sus planteamientos en los postulados del teólogo católico suizo Hans Küng, reflejo de “una respuesta distinta a la que dan las jerarquías oficiales” del mundo espiritual cristiano. “Estoy convencido de estar haciendo lo correcto, desde el punto de vista moral y político, al presentar este proyecto”, enfatizó.

En este sentido, el parlamentario clarificó que “no planteamos una eutanasia radical activa, o que plantee que la sociedad puede “librarse” de personas (…) lo que plantea esta reforma es una eutanasia que siempre depende de la voluntad de cada persona, limitada a casos determinados, en las circunstancias extraordinarias que la ley defina”, y agregó que de materializarse el proyecto “cada uno tendrá derecho a dar sus propias razones, en virtud de sus personales convicciones y principios, acerca de la vida y de la muerte”.

Consideraciones personales

Al respecto, el legislador consideró que a lo largo de su vida pública y como político ha sido testigo directo del “sufrimiento de miles de personas que tienen enfermedades terminales de distinta naturaleza, como la demencia senil, Alzheimer, enfermedades neurológicas paralizantes o accidentes cerebrovasculares”.

El parlamentario hizo especial énfasis en el caso de “adultos mayores, y muchas veces simplemente adultos postrados en cama por años, que no son autovalentes; y muchos de ellos también sobreviviendo artificialmente (…) seguramente también, muchos de ellos están conscientes de que son una carga para su familia, lo cual agrava su sufrimiento y dolores espirituales”, abundó el senador por La Araucanía.

La experiencia comparada y el proyecto

Finalmente, y a modo de orientar el debate en el Congreso, el senador Huenchumilla argumentó –y adjuntó– ejemplos de derecho comparado, señalando que “países como los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y algunos estados de Estados Unidos han legalizado ciertas formas de eutanasia”.

La iniciativa busca modificar en la Constitución Política de la República mediante la incorporación de un nuevo numeral: “Toda persona tiene derecho a una muerte digna. La Constitución asegura el derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida. El Estado garantiza el acceso a los cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida”.

“Se reconoce el derecho de toda persona que cumpla los requisitos previstos en la ley a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir”, concluye el nuevo texto.