Un nuevo sistema previsional para Chile: Lo que se gana y lo que se cuestiona.
El Congreso aprobó la reforma de pensiones en Chile, marcando un hito en el sistema previsional del país. La iniciativa, que busca aumentar las pensiones y reducir las brechas de género, generará importantes cambios en los aportes de trabajadores y empleadores. Sin embargo, también ha suscitado críticas respecto a su viabilidad fiscal y a la forma en que se administran los fondos.
La reforma introduce un nuevo aporte del 7% a cargo del empleador, el cual se aplicará gradualmente en un periodo de nueve a once años. De este porcentaje, el 4,5% se destinará a la cuenta individual del trabajador, mientras que el 4% restante irá a un Seguro Social, que cubrirá el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, compensaciones por brecha de género y beneficios para quienes han cotizado por años pero reciben pensiones bajas.
Uno de los puntos más novedosos es el mecanismo de cotización de rentabilidad protegida, donde un 1,5% del aporte del empleador será considerado como un «préstamo» que los trabajadores hacen al sistema. Este dinero se acumulará en bonos que se devolverán en forma de pensión cuando la persona se jubile, garantizando así que los trabajadores reciban su aporte de vuelta.
Para ilustrar cómo afectó la reforma a los pensionados, se pueden considerar los siguientes casos:
La reforma ha generado un amplio debate en el mundo político, con opiniones diversas sobre sus beneficios y desventajas.
Por un lado, la candidata presidencial Evelyn Matthei (UDI) celebró la continuidad del sistema de capitalización individual y la compensación a mujeres, afirmando: «Es una enorme alegría ver que aquellos que querían destruir el sistema de capitalización individual, hoy estén celebrando porque la cotización del 6% es enteramente del trabajador y heredable».
El senador Felipe Kast (Evópoli) destacó que la reforma «permite aumentar las pensiones, tanto la PGU como las de las mujeres», asegurando que se resguarda la propiedad de los fondos y se incorpora solidaridad para nivelar pensiones entre hombres y mujeres.
Por otro lado, la senadora Carmen Gloria Aravena (Republicanos) criticó fuertemente la iniciativa, calificándola como «un manotazo al bolsillo de los trabajadores» y cuestionando la sostenibilidad fiscal del sistema. «El proyecto representa un préstamo forzoso que obliga a los chilenos a ceder parte de su sueldo al Estado cada mes, con promesas de devolución que, por la situación fiscal actual, son insostenibles», afirmó.
Desde el oficialismo, el Presidente Gabriel Boric reconoció que «no es todo lo que queríamos como Gobierno», pero destacó que la reforma introduce cambios importantes en la industria de las AFP, impulsando la competencia y reduciendo costos para los afiliados.
A pesar de que el Gobierno buscaba eliminar las AFP, estas continuarán operando con nuevas reglas, como la implementación de fondos generacionales, la eliminación de multifondos y un sistema de licitación de afiliados para reducir costos y aumentar la competencia.
La Asociación de AFP valoró la mantención del sistema de capitalización individual y la heredabilidad de los fondos, pero puso reparos en algunos aspectos: «Creemos que destinar un porcentaje al Seguro Social podría afectar la rentabilidad de las pensiones».
La reforma previsional representa un paso significativo en la mejora de las pensiones, con medidas enfocadas en reducir brechas de género y aumentar el ahorro de los trabajadores. Sin embargo, las dudas sobre su viabilidad fiscal y los efectos en el mercado laboral generan incertidumbre. Mientras algunos sectores la celebran como un avance histórico, otros advierten sobre los riesgos de comprometer recursos futuros.
A medida que se implemente, la clave estará en cómo se ajusten sus mecanismos y en si logra cumplir su objetivo principal: garantizar pensiones dignas y sostenibles en el tiempo.
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